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Competencia, en guerra contra el poder de la SGAE
Durísimo ataque del organismo que dirige Luis Berenguer, que acusa al Gobierno de favorecer el monopolio, y propone medidas inmediatas que obliguen a las gestoras a ser transparentes en tarifas y a cobrar sólo por el repertorio utilizado
Las entidades de gestión de derechos de autor, con SGAE a la cabeza, recibieron ayer una bofetada de parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) donde más les duele: su poder en régimen de monopolio. El organismo que dirige Luis Berenguer, adscrito al Ministerio de Economía, considera que hay que cambiar a fondo la Ley de Propiedad Intelectual porque el funcionamiento y el "abuso reiterado" de poder por parte de la SGAE y sus semejantes no cuadra ni con la normativa comunitaria, ni con el fomento de la competencia ni con los tiempos que corren.
Hay que "proceder a la revisión general" de la ley pero, mientras se opera ese cambio, la situación es tan preocupante para la CNC que recomienda tomar medidas intermedias contra el abuso de posición de dominio al que han llegado las gestoras. Un abuso que ha provocado que no haya quien les tosa, por lo que no encuentran motivación ni para funcionar mejor ni para ser más transparentes y por lo que se permiten imponer tarifas "inequitativas y/o discriminatorias".
Culpa al Gobierno
El golpe de Competencia va con rebote hacia el Gobierno. La CNC cree que se ha puesto "de manifiesto la voluntad del legislador de que existan entidades de gestión monopolísticas", una realidad instigada por la ley española de Propiedad Intelectual, lo que podría constituir incluso una infracción a ojos de Bruselas.
"En la medida en que se pueda entender que es la propia legislación española de propiedad intelectual la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio (...), la Comisión Europea puede llegar a considerar que España es responsable de una infracción del artículo 86 del Tratado de la CE", explica el informe de la CNC.
Los Estados miembros de la UE, recuerda Competencia, tienen "la obligación de no adoptar ni mantener (...) ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente en los artículos relativos a las normas decompetencia".
La norma española impone, por ejemplo, que "la gestión colectiva" sea "obligatoria", extremo al que no llega la directiva europea . Con dicha imposición, se impide que se desarrollen vías alternativas a la pasada comunal del cepillo y posterior reparto de las gestoras, como es la gestión individual de los derechos. La ley "elimina la libertad del titular del derecho para elegir entre la gestión individual o la colectiva, lo que gracias al progreso tecnológico es cada vez más factible, de forma especial en el ámbito on-line", explica Competencia.
Y por si no había quedado claro el toque al Gobierno por su responsabilidad en la situación actual de los derechos de autor, Competencia apunta que la ley permite la "discrecionalidad del Ministerio de Cultura" para elegir quién puede y quién no gestionar derechos, puesto que es dicho ministerio quien "concede las autorizaciones". Lo hace además condicionando la autorización "al cumplimiento de requisitos que introducen un elevado grado de incertidumbre, falta de claridad y subjetividad".
Cambios contra el abuso
Entre las medidas propuestas por Competencia para incrementar el número de entidades y paliar el abuso actual mientras se cambia el modelo normativo se incluye, precisamente, que no sea obligatorio tener autorización de Cultura y que baste con un registro. También, que se elimine la obligación de no tener ánimo de lucro, especialmente cuando se trata de un negocio "típicamente empresarial".
Competencia recomienda "limitar el periodo de permanencia y preaviso" para que los titulares de los derechos puedan cambiar de gestora, "estableciéndose un duración máxima de un año, renovable por periodos de otro año, y un preaviso de tres meses". En cualquier caso, "debe garantizarse que el titular pueda determinar el alcance del contrato".
Se debe también obligar a las entidades a ser "transparentes" a la hora de informar a los usuarios de cuáles son los repertorios gestionados: los titulares y las obras concretas.
Es decir, que digan qué protegen para saber cuándo hay que pagar y cuándo no y que se fijen "sanciones", por si no cumplen este requisito.
Deberán así mismo informar de los contratos a los que lleguen con usuarios similares entre sí, para que no se repitan situaciones como cuando SGAE favorecía a TVE en sus tarifas frente a cadenas de televisión privadas.
Las gestoras deberán establecer, "al menos para determinadas clases de usuario, tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo". Debería acabarse, en opinión de la CNC, aquello de pagar por todo el repertorio, no por lo que se usa.
Y, por si todo esto no resulta suficiente o para aquellas ocasiones en que surja un conflicto, como los numerosos que ahora se resuelven en los juzgados, debe existir un organismo con poder para "actuar de oficio o cuando cualquiera de las partes lo solicite". Sus decisiones han de ser de obligado cumplimiento.
Una "Comisión de Propiedad Intelectual, dotada de competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras adecuadas para resolver, en particular, los conflictos tarifarios entre entidades de gestión y usuarios".
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Re: Sgae=hijos De La Gran ****
. La cosa ha llegado a un punto en que el pueblo, para recuperar otra vez la potestad (si es que alguna vez la tuvo), tiene que salir en masa a la calle
.
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