Y los de Madrid, ya obedecen, de Consejos?
El Consejo Consultivo presentó hace dos semanas su dictamen sobre la ensambladura constitucional de la propuesta de reforma del Estatuto aprobado al Parlamento a finales de julio y, a la vista de sus recomendaciones, si estas se acataran, el texto quedaría sensiblemente rebajado en temas como los derechos históricos o la financiación. Tal y como su nombre revela, el alto órgano jurídico de la Generalitat tiene un carácter consultivo y sus consideraciones no son, en caso alguno, de obligado cumplimiento. A partir de aquí la polémica política ha sido servida. Mientras que el PSC, el PP y *ICV pretenden que se acate el contenido en su totalidad, CIU y *ERC se aferran al carácter consultivo por aceptar sólo aspectos puntuales. El gobierno español, básicamente a través de la vicepresidenta María Teresa Fernández de Vega y del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha instado los partidos a hacer caso del documento al pie de la letra.
Pero el que piden los socialistas y el gobierno español es el mismo que hacen en Madrid? La respuesta es que no. El Estado español, como la Generalitat de Catalunya, también tiene sus órganos consultivos. En el que traemos de legislatura el ejecutivo de Zapatero y el PSOE han obviado, cuando los ha convenido, los dictámenes que los han llegado, y han situado como valor supremo el juego de mayorías y minorías a las Cortes Generales, que han aprobado leyes con informes en contra de estos órganos.
Los dictámenes no vinculados, al Estado, corren con cargo a dos instituciones: la más relevante -que equivale al Consejo Consultivo catalán- es el Consejo de Estado, que se pronuncia sobre los proyectos de ley, emito dictámenes a petición del gobierno central o de las autonomías y está presidido por el catedrático de derecho constitucional y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente, propuesto por el PSOE. También hay el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de la magistratura que, de acuerdo con el artículo 108 de la ley orgánica del poder judicial, emito dictámenes sobre leyes que afectan el ámbito jurídico.
LOS PROYECTOS ESTRELLA DE ZAPATERO
En esta legislatura los casos en los cuales desde la Moncloa, los ministerios y el grupo parlamentario socialista se ha hecho el *orni a los dictámenes emitidos son diversos y, curiosamente, afectan las reformas más emblemáticas del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Estado consideró hace unos meses que la reforma del Código Civil en materia de matrimonio, que abría la puerta a la celebración de bodas homosexuales, era adecuada, pero que hacía falta cambiar la terminología porque estas uniones, si bien podían ser equiparadas a las heterosexuales a todos los efectos legales no podían ser, en su opinión, dichas matrimonios. El gobierno del PSOE echó por el derecho y, sin autoenmendarse, va darlos el nombre de matrimonio con el argumento que el dictamen del Consejo de Estado no podía ponerse por encima de la voluntad popular que representa el Congreso.
La treintena de miembros del Consejo de Estado, entre ellos José María Aznar en calidad de expresidente del gobierno central, también elevaron recomendaciones el junio de 2004 sobre la ley integral contra la violencia de género. Todo y considerar el proyecto, que recibió un apoyo unánime de los grupos al Congreso, constitucional, pedían que se mencionara la necesidad de proteger no sólo las mujeres maltratadas, sino también sus hijos, y advertían que una iniciativa legislativa tan importante habría sido merecedora de "una elaboración más asosegada".
Una de las leyes más emblemáticas de la legisla-*tura/, la de educación, también recibió observaciones cuando fue aprobada por el consejo de ministros y antes de ser enviada a las Cortes, donde se tramitará este curso. El Consejo de Estado criticó que la reforma olvidara "valores esenciales" como "la capacidad y el mérito" del alumno, y apuntaba que el "obligación de estudiar" no aparece en el *compendi de deberes y tendría que ser el primero. Contraviniendo frontalmente las tesis del PSOE, la alta institución acababa considerando que quizás no hacía falta una nueva ley y que seguramente habría sido más adecuado "mantener en vigor, con retoques, la ley orgánica de calidad de la educación (LOCE)". El gobierno del PSOE encomendó al Consejo de Estado un estudio para la reforma constitucional pretensa por Zapatero y limitada a cuatro puntos: la igualdad hombre-mujer en la sucesión a la Corona, la reforma del Senado, la denominación de las autonomías y la adaptación del texto a la normativa de la UE.
El artículo 2 de la Constitución
El dictamen es a punto de ver la luz, pero Zapatero y el PSOE ya han dejado claro que la reforma llegará hasta donde ellos crean "oportuno" y, en todo caso, no irá en la línea de la opinión de Rubio Llorente, a favor de tocar el articulo 2 -que no da cabida dentro el Estado a otra nación que la española-. Sin embargo, durante la legislatura, quien más dictámenes desatendidos ha emitido ha sido el *CGPJ. Dominado hasta el año próximo por una mayoría conservadora, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha puesto, sin éxito, estorbos a proyectos de ley cuando se lo han pedido, y aunque no lo hayan hecho. Los matrimonios gays, el agilización del divorcio, la ley contra la violencia de género o la modificación de la *LOPJ por cambiar el método de elección de los jueces "atentando a su independencia", han sido los caballos de batalla que el gobierno del PSOE, en contra del que pretende que hagan ahora los partidos catalanes con el Consultivo, ha desatendido por una "cuestión política".
Los socialistas y el gobierno español exigen acatar el dictamen del Consultivo pero desatienden los que los hacen el Consejo de Estado y el *CGPJ
Ferran Casas