Madrid. (EUROPA PRESS).- El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, ha otorgado provisionalmente la custodia de dos hijas a su padre
al entender que la relación lésbica que mantiene la madre con otra mujer "influye negativamente en la educación y crecimiento armónico" de las menores.
La sentencia, de 6 de junio, fue denunciada hoy por 16 organizaciones de mujeres así como por la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG), que consideran que Ferrín ha impuesto su ideología por encima de la aplicación de las leyes.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia interpuso expediente al mismo juez para determinar por qué retrasaba desde hace más de un año el proceso de adopción de una niña a una mujer lesbiana cuya pareja es la madre biológica de la menor.
Por ello, se entregaron hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito para que abra expediente y, en su caso, sancionen al magistrado. También se dirigieron a las asociaciones de jueces (Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia) que no se de cobijo en las mismas a comportamientos claramente "inconstitucionales". El juez en cuestión pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
El auto considera "suficientemente" acreditado "el perjudicio para las hijas que se deriva de la relación que la madre sostiene con una tercera persona y que lógicamente no se limita a un hecho aislado. "La madre tendrá que elegir entre sus hijas y su pareja", señala.
A criterio del juez, la condición homosexual perjudica a los hijos porque tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. "
Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la de un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor", añade.
Además, critica la regulación que de la custodia compartida recoge el artículo 92.8 del Código Civil, gracias a la reforma de la Ley del Divorcio en 2005, y cuya redacción considera "un eror en la votación en el Congreso del grupo gobernante". Esta modificación permite al juez otorgar la custodia compartida de forma excepcional si no hay acuerdo entre los progenitores, siempre y cuando uno de ellos la haya solicitado. En este caso, ambos padres pidieron la custodia exclusiva de las hijas.
"Como ello no lo puedo acordar --añade el juez--, al estar atado de pies y manos por la reforma de julio de 2005 (...) y considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre". En todo caso, se reserva la facultad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 91.8 en su momento.
Junto al caso concreto, el magistrado realiza también críticas a otras legislaciones aprobadas durante esta legislatura, como la Ley Integral contra la Violencia de Género y el "sinnúmero de falsas denuncias de mujeres que está produciendo"; así como la reforma del Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, que califica de "desafortunada" y "posiblemente inconstitucional".
"Es una resolución judicial ante la que no nos podemos callar", añadió la presidenta de Mujeres Jurista Themis, Altamira Gozalo. "Un ataque a la democracia por parte de la judiciatura como el que se hizo en su día por quien entró en el parlamento y secuestró a los parlamentarios", dijo la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que advirtió de que existe una campaña de desprestigio contra las leyes progresistas aprobadas por el Gobierno durante esta legislatura.
Finalmente, el presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG), Antonio Pobeda, criticó el profundo "machismo" y la "homofobia" del auto y recordó que la custodia de los hijos ya no depende en España de la discriminación por orientación sexual.