El PERIÓDICO, 25/10/2005
FIN DE TRAYECTO PERSONAL
• El Estatut no tiene voluntad de regenerar España y no busca modernizar sino quebrar el Estado
JUAN-JOSÉ López Burniol
Notario
Quisiera escribir con las palabras más templadas. No por la importancia del tema --irrelevante por ser personal--, sino por la responsabilidad que siento tras haber defendido, durante años, una opción que estimo frustrada. Permítanme explicar mi historia.
De lengua y cultura castellanas, llegué a la comprensión y a la asunción de la realidad catalana más por la vía de la cabeza que por la del corazón. Es cierto que, para advertir la existencia de Catalunya, basta con mirar, escuchar y leer. Primero, de niño y adolescente, me hicieron sentirla las calles y las gentes de Alcanar, Ripoll y Calella. Luego vinieron los libros. También fue decisivo el profesor Vicente Cacho, de quien aprendí que el catalanismo político surgió como un factor de modernización de España, por lo que ha sido una de las dos formas de regeneracionismo que --junto con la vertebrada en Madrid en torno a la Institución Libre de Enseñanza-- intentaron la refacción del Estado.
Sobre esta base, no es extraño que pronto llegase a la conclusión de que Catalunya es una nación, es decir, una comunidad con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno. Un autogobierno que comporta la autorregulación de los propios intereses --lo que exige competencias-- y el autocontrol de los propios recursos --lo que exige dinero--.
Ahora bien, con idéntica convicción he sostenido también siempre que la misma historia que ha conformado a Catalunya como nación la ha integrado dentro de una realidad histórica más amplia conocida como España, que se articula jurídicamente en forma de Estado.
De esta pertenencia hispánica de Catalunya se deducen --para mí-- dos consecuencias. Primera, Catalunya ha de intervenir de manera activa en la configuración de la estructura del Estado. Segunda, Catalunya ha de estar presente en los centros de poder del Estado, participar en su gestión y asumir sus responsabilidades. España no es para Catalunya una realidad ajena, sino el entorno inmediato en el que se desenvuelve su acción y a través del que se proyecta institucionalmente a Europa y al mundo.
CELEBRÉ POR ello, en su día, la implantación del Estado autonómico, al que percibí como el embrión de una futura estructura federal asimétrica. Es más, pensé --y sostengo-- que las autonomías han sido el cauce jurídico a través del cual se ha materializado la redención de las provincias ansiada por Ortega. En esta línea, es también lógico que, 25 años después de su instauración, haya defendido una revisión constitucional-estatutaria del sistema autonómico, que corrija sus disfunciones --financiación injusta y erosión de competencias que impide llevar a término políticas completas sobre ámbitos unitarios-- y potencie sus virtualidades --reforma del Senado--.
Así las cosas, dediqué parte de agosto al estudio del Estatut, con una expectativa inicial que pronto se trocó en asombro. Fruto de este esfuerzo es un trabajo --cerrado el 3 de septiembre-- que algunos amigos conocen. Expreso en él desconcierto, consternación y desaliento, también manifiestos en los artículos que publiqué por aquellos días. Pensé, en fin, que el Estatut no se aprobaría. La intervención del señor Rodríguez Zapatero cambió el escenario. Tras la aprobación del Estatut, me refugié en la legitimidad de su gestación y en la esperanza de su corrección en el Congreso. Pero me he engañado a mí mismo. No debo seguir así y, como no tengo ni espacio ni ánimo para resumir mis ideas, me limito a copiar tres párrafos de mi estudio:
Uno: "Sentí la necesidad de redactar este informe cuando, tras leer la propuesta de reforma, llegué a la conclusión de que había sido elaborada con la misma mentalidad con la que se facilita la información meteorológica en TV-3: de espaldas a España, sobre un mapa en el que sólo aparecen destacados los Países Catalanes. No es de extrañar, por tanto, que el señor Carod-Rovira haya alardeado de que el 90% del Estatut responde a los postulados de Esquerra Republicana de Catalunya".
Dos: "Llevo 30 años interpretando papeles. Me he acostumbrado a captar la idea que inspira, por ejemplo, un testamento o unos ca-
pítulos. Pues bien, afirmo que la propuesta de Estatut está redactada sin ninguna voluntad regeneradora de España ni modernizadora de su Estado, y con la sola voluntad de articular un sistema catalán todo lo independiente que la realidad permite, sin plantear frontalmente la demanda de independencia formal".
Tres: "Un Estado es un sistema jurídico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia articulado sobre la única referencia ética --no metafísica-- de validez universal: que los intereses generales han de prevalecer sobre los particulares. El Estatut coloca los intereses particulares de Catalunya por encima de los intereses generales de España. Luego, la propuesta de Estatut implica la quiebra del Estado español".
MI CRÍTICA al Estatut no se basa, por tanto, en la inconstitucionalidad de este o de aquel precepto, sino en el espíritu que lo informa. Éste supone un triunfo del ideario nacionalista. Respeto esta opción, legítimamente amparada por el 90% de los diputados del Parlament, pero no la comparto. Por consiguiente, ésta ya no es mi guerra. Más de uno me considerará, por ello, enemigo de Catalunya: no me tengo por tal, pero nada puedo hacer. Sólo me resta añadir que, como resulta obvio, entendí mal la propuesta política efectuada en su día por el presidente de la Generalitat señor Maragall, bajo la rúbrica "España plural". Deposité en él mi confianza por error. La culpa sólo a mí es imputable.