Tienes toda la razón, pero también me gustaría saber qué acciones ponen en marcha las editoras perjudicadas con estas prácticas ilegales o alegales. ¿Se asocian contra las prácticas fraudulentas, establecen unos mínimos de calidad y prestaciones aconsejables para sus productos, denuncian en los juzgados, se reunen con el Ministerio, lo inundan de quejas y demandas, alertan de la situación en los medios de comunicación, hacen algo para velar por sus intereses y por los de sus clientes?
Quizá es que no nos llega noticia de ninguna iniciativa (y sería una sospechosa señal), pero aparentemente hay una terrible pasividad por parte de los estamentos oficiales y también por parte de los que pretenden mantener una cierta limpieza de actuación en el sector (editores, distribuidores y vendedores).