Amnistía pide una ley que proteja a los menores de los videojuegos
La organización no se da por satisfecha con la expansión del código PEGI
A través de un comunicado, Amnistía Internacional reclama al Gobierno una legislación específica para proteger el acceso a los videojuegos con contenidos no recomendados para menores. Según la ONG,"el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia".
Las medidas anunciadas recientemente por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, consistentes en lanzar un decálogo y crear un grupo de expertos llegan tarde y son consideradas insuficentes para la organización y por ello consideran necesaria la creación de una ley. A pesar de que el director de AI en España reconoce el avance en cuanto a autoregulación mediante la aplicación del código PEGI, considera que "a menudo es poco rigurosa y confusa, y la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto".
Según Amnistía Internacional, es necesario adoptar una legislación marco de ámbito estatal que proteja a la infancia y la adolescencia sobre todo lo que rodea a los videojuegos, desde la publicidad a la venta, pasando por la producción y promoción.
Según Beltrán, "en ninguna comunidad autónoma se aplica de manera efectiva la legislación ni se sanciona su incumplimiento". Para demostrarlo, AI hizo la prueba con una niña de ocho años que, en un centro comercial de Madrid, sin ningún tipo de trabas estas navidades compró el videojuego ''True Crime2: New York'', destinado para mayores de 18 años. Este hecho, según AI, demuestra que "los puntos de venta de videojuegos no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a contenidos no adecuados para su edad".