La historia de la piratería de ediciones domésticas viene de lejos. Las empresas ilegales que viven de la venta de películas de las que no poseen sus derechos han actuado con impunidad desde 1980.
José Manuel Torné, presidente de la Federación Antipiratería, explica un dato curioso a este periódico: “En 1984 el premio del gremio al mejor catálogo fue para la empresa Topo 69 por tres títulos:
Doce del patíbulo,
Tiburón y
Soldado azul, ninguno de ellas pertenecía realmente a su catálogo”.
Para evitar situaciones como esta, el Ministerio de Cultura instauró el Certificado de Calificación por Edades, que comienza a aplicarse en 1985. Un signo indeleble que se entrega a las compañías y que tienes que poseer para poder comercializar el filme.
La gente va al Ministerio con una declaración jurada ante notario diciendo que posee los derechos y se le da el certificado. Al no ser una licencia el propio Ministerio no puede retirar ese certificado, por lo que tienes que probar la ilegitimidad del otro, eso es muy difícil.
Esta medida, que supuestamente iba a suponer el fin de la piratería, se ha comprobado inútil e insuficiente. “La gente va al Ministerio con una declaración jurada ante notario diciendo que posee los derechos y se le da el certificado. Al no ser una licencia, el propio Ministerio no puede retirar ese certificado, por lo que tienes que probar la ilegitimidad del otro, eso es muy difícil. Demostrar que han presentado un papel que sabían que era falso”, cuenta Torné.
Por tanto, para evitar estas prácticas tienes que demostrar que eres el propietario de los derechos, pero también que aquel que ha usurpado tu catálogo lo ha hecho de forma ilegal. Algo que muchas veces resulta harto complejo, ya que como señala la Federación Antipiratería la titularidad de los filmes ha llegado a entregarse con un apretón de manos, como ocurrió en el caso de Burt Lancaster con United Artists.